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Espionaje

Espionaje en la Jefatura

Para qué policías de Investigaciones Criminales solicitaban, de manera ilegal, sábanas de teléfonos de particulares y de empresas? La Justicia aún no pudo develar la clave de otra causa que permite descubrir serias irregularidades en las investigaciones policiales

CÓRDOBA. Espionaje en la Jefatura (Fotoilustración de Juan Pérez Gaudio).

11/05/2014 11:11

Córdoba

Por Juan Federico y Juan Carlos Simo

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“Fue una denuncia anónima. De las anónimas en serio”. El comentario se escuchó en el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba y se refería al sobre que había llegado por correo, sin remitente, con documentación que probaba que desde una oficina de la Jefatura de Policía se adulteraban oficios y se falsificaban otros para espiar ilegalmente los llamados de personas y empresas.

No se trataba de realizar escuchas telefónicas, algo que sólo puede hacerse con orden judicial a través de la Secretaría de Inteligencia (ex-Side), sino de obtener sábanas telefónicas con el cruce de llamadas, los titulares de líneas de teléfonos y los mensajes de texto. Ese procedimiento sólo puede solicitarse a las empresas de telefonía con autorización judicial, y cualquier investigación que se realice por fuera de esta norma constituye un delito.

Por esa razón, están proce­sados desde marzo último dos policías que habían sido impu­tados en 2009. Uno de ellos es 
el todavía jefe de Delitos Com­plejos, comisario mayor Ariel Ángel Ávila, quien interviene por ejemplo en el caso de un secuestro extorsivo y de quien depende la División de Análisis e Investigación en las Comuni­caciones (Daic). Entre fines de 2007 y 2009, Ávila era jefe de la Daic y con él trabajaba el entonces sargento Rubén Adrián López, el otro procesado.

La última aparición pública de Ávila había sido el 12 de marzo de este año, en el marco de un “narcosecuestro” en barrio San Vicente que terminó en el ase­sinato de Carlos “el Colorado” Leal, un hombre que había sido condenado por narcotráfico pero que estaba libre hasta que quedara firme la sentencia. Ávila habló con la prensa durante las horas posteriores a ese crimen, pero tras el procesamiento, dictado cinco días después, ya no hizo declaraciones públicas.

En la Justicia federal, hubo alarma entre magistrados cuando este diario les comentó que hasta hoy Ávila continuaba actuando en esa área, que es el nexo entre todas las investiga­ciones judiciales y las empresas telefónicas (ver Tras el allanamiento ...).

El sobre que había llegado hasta tribunales contenía los documentos que desde la Daic se enviaban por fax a empresas de telefonía y detallaban nombres y teléfonos. Centenares de números de teléfonos fijos y celulares que no habían sido solicitados por ningún juez o fiscal. Números que eran agregados para obtener información de personas y empresas que no estaban siendo investigadas judicialmente. ¿Quién las investigaba, entonces? ¿Para qué?

La persona que envió la in­formación la hizo llegar al ­Juzgado Federal N° 2 porque ­muchos de los oficios falsificados eran de allí (había también de otras dependencias federales 
y de fiscalías y juzgados de Control provinciales; serían más de 40). Pero la causa terminó abriéndose en el Juzgado N° 3, que estaba de turno.

Además de agregar números que no habían sido solicitados por autoridades judiciales, la fiscal federal que impulsó el caso, Graciela López de Filoñuk, encontró que en varias ocasiones se usaron papeles con membretes judiciales y se les insertaron fotocopias de las firmas de jueces y funcionarios judiciales para darles apariencia de oficiales.

Más allá de las variantes, lo que fue clave es que, en todos 
los casos, y según la investigación, los policías Ávila y López pedían a las empresas telefónicas que les enviaran las respuestas a un correo electrónico a los que sólo ellos accedían.

¿Para qué?

Al terminar la lectura del expediente judicial D-588/09, que lleva la carátula “N.N. S/Denuncia”, queda una pregunta sin resolver: ­¿para qué los policías acusados habrían realizado semejante ­maniobra?

Justiniano Martínez, el abogado de Ávila, aseguró que su defendido actuó de buena fe. “El reproche es haber requerido informes para fines personales, pero no fue así. Siempre fue a pedido de personal jerárquico o de autoridades judiciales, para avanzar con investigaciones del momento. Podrá haber habido alguna improlijidad por la forma en que se requirió esa información”, intentó explicar.

El letrado insistió en que nunca se pidieron intervenciones telefónicas, sino sólo sábanas. “La sábana no está protegida como una conversación”, dijo.

Ni la fiscal federal López de Filoñuk ni el juez Alejandro ­Sánchez Freytes investigaron aún para qué se solicitaban 
datos sobre llamados telefónicos en forma ilegal. En la denuncia anónima, se deslizaba que podría haber existido un negocio ilegal y paralelo a las investigaciones oficiales.

Diferentes fuentes expertas en escuchas y rastreos telefónicos, que accedieron a dialogar bajo la condición de preservar su anonimato, brindaron a este diario un panorama de cómo se opera con las sábanas telefónicas.

Con ellas, cualquier inves­tigador avezado es capaz de inferir no sólo los contactos de una persona, sino también su domicilio y círculo familiar más íntimo, porque aparecen, además de los números de las llamadas entrantes y salientes, las antenas que tomaron esas comunicaciones. Eso permite definir un radio de la ubicación del usuario.

Falta de control

“No entiendo por qué ‘truchaban’ los oficios, si eso no hace falta. Hasta hoy, en cualquier investigación, cuando se le manda el oficio al fiscal solicitándole que autorice el pedido de las sábanas telefónicas, los policías pueden agregar cualquier nú­mero que quieran. Siempre hay alguien que pide que le pongas algún número que le interesa en particular, aunque no tenga nada que ver con la causa”, confió una de las fuentes.

Un fiscal puede ser engañado, por ejemplo, si un investigador policial le argumenta que un informante anónimo le pasó esos datos o que los encontró en al­guna libreta secuestrada en un operativo relativo al caso.

¿Quiénes pueden favorecerse? El abanico, según los informantes, es bien amplio. Desde em­presas de “detectives privados” que cobran a particulares para develar infidelidades amorosas, hasta empresarios interesados en detectar movimientos de la competencia.

En el caso de una licitación, por ejemplo, a partir de las sábanas del competidor “investigado”, más un entrecruzamiento de números de teléfonos, el policía podrá inferir en su informe si está en contacto con otras personas ligadas al proceso.

Otro “servicio” que se ofrece de manera usual es el seguimiento de algún empleado del que sus patrones sospechan “infidelidad laboral”. “Después, con el listado de llamadas que hizo, al comprobar que sí estaba en contacto con la competencia, por ejemplo, lo sientan a este empleado y lo obligan a renunciar. En realidad, se trata de una extorsión, porque la prueba que consiguió la empresa es nula, es ilegal”, agregó otra de las fuentes.

Sorpresas

A través del expediente, La Voz del Interior rastreó la mayoría de los 130 números que según la investigación judicial eran incorporados en los oficios judiciales de manera fraudulenta. Son de empresas y personas que hasta hoy no saben que fueron víctimas de un espionaje ilegal, ya que jamás fueron citados ni como testigos. Este diario lo comprobó llamando a algunos de los damnificados, que se mostraron más que sorprendidos al saber que sus números de teléfono figuraban en un expediente, y lo corroboró con fuentes judiciales.

Entre los titulares de los teléfonos, hay personas domiciliadas en barrios de clase medio-baja, una cantera de La Calera y hasta el teléfono fijo de un colegio privado de Córdoba. También figuran empresas y particulares de Buenos Aires, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, General Deheza, Corral de Bustos, Villa María, Villa del Rosario, Villa María de Río Seco, Rafaela (Santa Fe), Pergamino y Bolívar (Buenos Aires). Y varios números que ya fueron dados de baja.

Además de las sábanas, según el expediente, en los oficios se soli­citaba también el registro de los mensajes de texto. “A los SMS se los mandan a la Policía en un CD que trae el contenido de los mensajes, el texto completo, más la antena que los toma al momento en que se mandaron”, explicó uno de los informantes.

La causa se circunscribió a la denuncia anónima y no se ha investigado hasta ahora si esta supuesta práctica ilegal había nacido antes de esto.

Al respecto, otra fuente policial aseguró que durante una comisión en Santa Fe hubo personal de la fuerza de seguridad de esa provincia que mencionaron que estaban al tanto de que en Córdoba se hacían trabajos en forma irregular con las sábanas telefónicas.

En Jefatura y en Tribunales federales, las versiones en torno de Ávila y López son de las más variadas. Conjeturas que apuntan a que en realidad habría una cabeza superior, por encima de ellos, a la que la Justicia no llegó, o también que junto a ellos intervendría una persona ligada a la ex-Side. Comentarios que hasta hoy no tienen eco en la investigación judicial. 

Dato

No hay escuchas. La Policía de Córdoba no tiene acceso para realizar, de manera legal, ­escuchas telefónicas. Sólo puede solicitar ­sábanas telefónicas. En cualquier investigación, a las intervenciones de teléfonos las realiza sólo la Secretaría de Investigaciones (ex-Side), que envía las grabaciones en casetes a los policías. Por eso es que los pesquisas provinciales se manejan, por lo general, con las sábanas telefó­nicas para avanzar en una causa compleja.

Fuente: La Voz

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