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¿CENSURAN INTERNET?

Por una Internet libre y abierta

Gobiernos autoritarios y no tanto intentan limitar el acceso a Internet de sus ciudadanos, bloquear sitios o filtrar contenidos. La Red ha probado su enorme capacidad comunicacional, y esto es visto como un peligro por parte de autoridades temerosas de perder aunque sea una porción de poder.

(Javier Candellero/La Voz).

20/01/2013 00:03 , por Franco Piccato

El 8 de noviembre de 2012, miles de argentinos hicieron sonar sus cacerolas para protestar contra el gobierno de Cristina Fernández. Fueron las manifestaciones más numerosas en nueve años de kirchnerismo, motorizadas principalmente por sectores de clase media, y organizadas en parte a través de las redes sociales (ver infografía).

"La ciudadanía debe entender que la libertad en Internet no está garantizada. Para que la Red sea libre y democrática como todo el mundo piensa que es, hay que dar muchas batallas difíciles desde diferentes aspectos, tanto técnicos como jurídicos". Beatriz Busaniche Fundación Vía Libre

Más de 50 páginas en Facebook impulsaban desde hacía varios meses un cacerolazo nacional. Las convocatorias circulaban también por Twitter, en videos virales de YouTube y a través de cadenas de correo electrónico.

Por su magnitud y alcance, el 8-N quedará marcado como el día en que el poder de las redes se trasladó a la calle y demostró su potencial para movilizar protestas en Argentina.

Marcelo Morán, un abogado de 38 años que vive en Buenos Aires, fue uno de los principales activistas digitales durante los cacerolazos. Administra cuatro páginas en Facebook que en total reúnen a 140 mil usuarios. Tras evaluar el impacto de las protestas, está convencido de que ahora el Gobierno "tratará de regular el ciberespacio de alguna manera o de presionar a quienes dan la cara".

Palabra de activista: "Las redes son fundamentales"

Al igual que Mariana Torres, contadora y activista a quien invitó a administrar las páginas, Morán dijo haber recibido amenazas virtuales, escraches en la TV pública y llamados telefónicos intimidatorios en su casa.

Si bien no pasó a mayores, el episodio demuestra que el activismo digital no está libre de presiones.

De hecho, en este momento, 133 blogueros e internautas de todo el mundo permanecen en la cárcel, según el informe "Enemigos de Internet" de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización que monitorea a los países que aplican mecanismos de control o censura sobre la Red. (ver infografía)

Las detenciones de netizens , como se designa a los ciudadanos con activa participación digital, ocurrieron principalmente durante la Primavera Árabe, una serie de protestas que basaron su organización en la arquitectura abierta y horizontal de la Red para derrocar a los líderes de Túnez y Egipto e inspirar revueltas en toda la región.

Además de Medio Oriente, las manifestaciones en Argentina reconocen antecedentes en otras partes del mundo, como el movimiento de indignados del 15-M en Madrid y las manifestaciones de Occupy Wall Street en Estados Unidos.

"Cada vez se persigue más a los internautas porque han llegado a tener un papel decisivo en el proceso de elaboración de noticias", explicó Dominique Gerbaud, presidente de RSF, durante la difusión de un informe en marzo pasado.

¿Está garantizada la libertad de expresión y de reunión virtual que los ciudadanos y activistas disfrutan actualmente en Internet? ¿Qué riesgos existen para los contenidos que publican los usuarios? ¿Podemos defendernos frente a corporaciones o gobiernos que quieran controlar la Red, o simplemente apagarla, como ocurrió en Siria y Egipto?

¿Hay riesgo de un "apagón digital"?

En Argentina, la ley 26.032 asimila las garantías de libertad de expresión tradicionales a Internet. Por lo tanto, el derecho a buscar, recibir y publicar información en la Red goza de garantías constitucionales. Sin embargo, hay razones para estar atentos.

Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre y fundadora de Wikimedia Argentina, es contundente: "La ciudadanía debe entender que la libertad en Internet no está garantizada. Para que la Red sea libre y democrática como todo el mundo piensa que es, hay que dar muchas batallas difíciles desde diferentes aspectos, tanto técnicos como jurídicos".

Si bien en nuestro país no parece haber amenazas graves por el momento, Busaniche advierte que hay cuestiones a observar con atención, como las causas penales y civiles que ponen la responsabilidad de los contenidos en los intermediarios de la Web, principalmente buscadores y plataformas de comunicación.

Las presiones sobre los proveedores de servicio para filtrar contenidos, medidas exageradas para proteger los derechos de autor, o la interferencia en plataformas y redes por vía de medidas judiciales pueden afectar también la libertad en Internet.

Las causas iniciadas contra los sitios Taringa! y Cuevana, el bloqueo del sitio LeakyMails, la prohibición de sitios que enseñaban a desbloquear netbooks del Gobierno y el control oficial sobre la asignación de dominios web encienden algunas luces de alerta.

Nombres de dominio: Con "Cristina", no

Taringa! y Cuevana. ¿Es ilegal compartir y enlazar contenidos en Internet? ¿Qué responsabilidad cabe a los sitios que actúan como intermediarios entre los usuarios y los contenidos publicados? Las acciones judiciales contra Taringa! y Cuevana ponen en fricción varios derechos: la libertad de expresión y el acceso a la cultura, por un lado, y la protección de la propiedad intelectual, por otro.

Taringa! debe su éxito a la posibilidad que cada mes ofrece a más de seis millones de usuarios de compartir enlaces a contenidos tan diversos como películas, libros y canciones. No son sus administradores quienes suben archivos protegidos por derechos de autor, sino los usuarios y, de hecho, en sus bases y condiciones el sitio prohíbe el intercambio ilegal.

Si bien los archivos no residen físicamente en servidores propios, la Justicia ha interpretado que, como intermediarios, los responsables de Taringa! son copartícipes de una maniobra criminal que viola la ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

Por esta razón, el 29 de abril de 2011 una Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de sus tres directivos, Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama. La causa fue iniciada por la Cámara del Libro y otras editoriales y espera el comienzo de un juicio oral y público.

La Justicia debe determinar si los jóvenes administradores del sitio -que apenas superan los 30 años- fueron partícipes necesarios en la descarga ilegal de 29 libros jurídicos, 12 libros de computación y archivos de música. Si se les aplica la máxima condena según el régimen legal actual (que data de 1933) podrían pasar hasta seis años en la cárcel.

"Una solución verdadera va a venir a través de un cambio en los modelos de negocio y no por imposiciones legales. Sería bueno que se establecieran reglas de juego claras para todas las partes", dijo Hernán Botbol a este diario durante una entrevista.

Sobre Tomás Escobar, un joven sanjuanino de 23 años que inventó Cuevana.tv mientras estudiaba en Córdoba, también pesa una acusación penal. Grandes cadenas de televisión argentinas y estadounidenses lo persiguen por violar las normas de copyright, ya que en su sitio se podían ver películas y series como Los Simpson o Los Simuladores (ver: resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones).

En su defensa, Escobar asegura que Cuevana tiene un funcionamiento similar a Google, ya que ofrece enlaces que dirigen a archivos alojados en otros servidores. Alega que el servicio no tiene fines de lucro.

Expertos en derecho y activistas coinciden en que la regulación sobre la responsabilidad de los intermediarios, que además de los buscadores incluye también a los proveedores de conectividad, es un tema clave.

La responsabilidad de los intermediarios. Para Beatriz Busaniche, frente a la ausencia de legislación en la materia estamos ante la necesidad de "repensar el modelo global de derechos de autor, antes que perseguir las nuevas formas de consumo y participación".

Si bien existe delito en la reproducción y distribución no autorizada de material protegido por copyright, Javier Pallero, un activista cordobés e investigador en Derecho de Internet en la organización Ageia Densi, sostiene que Cuevana y Taringa! "no participan en la comisión de esa conducta ilegal".

Pallero asegura que las grandes empresas de la industria del entretenimiento intentarán probar que los administradores de esos sitios conocen la situación y la consienten, como cómplices. "El debate sobre la protección legal a un modelo de negocios obsoleto es lo que está en juego en casos como estos", señala.

Busaniche va un poco más allá: "Lo que se pone en cuestión es si tiene que seguir existiendo una ley que prohíbe algo que todos hacemos, en mayor o menor medida, pero que todos ciertamente consideramos legítimo".

Al respecto, Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, consideró en una declaración de 2011 que responsabilizar a los intermediarios por el contenido difundido o creado por sus usuarios "perjudica gravemente el disfrute del derecho a la libertad de opinión y expresión".

LeakyMails: información versus privacidad. El 11 de agosto de 2011, el juez federal Sergio Torres ordenó el bloqueo de LeakyMails, un sitio que se proponía obtener y publicar documentos relevantes sobre la corrupción en Argentina. El caso fue caratulado como divulgación de secretos políticos y militares, una figura que prevé el Código Penal, ya que difundía e-mails privados de prominentes funcionarios, jueces y periodistas.

El sitio fue bloqueado a través de una medida cautelar solicitada por el Gobierno, sin que mediara una condena judicial en firme. ¿Se violó el derecho a difundir informaciones sin censura previa? ¿Cuáles son los límites entre la esfera pública y privada de los funcionarios públicos?

Busaniche sostiene que el bloqueo de sitios resulta una medida inviable e inútil. Primero, porque no logra el objetivo (de hecho, una versión de LeakyMails puede verse en otros servidores espejo); y segundo, porque puede dañar a otros actores.

Pallero, por su parte, apunta contra el uso de medidas cautelares en casos como este o cuando se trata de difamaciones: "Las medidas cautelares son dictadas con urgencia, sin defensa de la otra parte. Y están vigentes durante todo el trámite de un juicio, que puede durar años. Esto trae implicancias graves para la libertad de expresión", alerta el experto.

Las netbooks del Gobierno. El 12 de noviembre de 2012, llegó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) otro pedido judicial.

También por pedido del Gobierno, el juez Osvaldo Rodríguez ordenó prohibir el acceso a nueve páginas web que enseñaban a desbloquear las computadoras que se entregan gratuitamente a alumnos secundarios, en el marco del programa Conectar Igualdad.

La orden cayó sobre contenidos publicados en Taringa!, Google, YouTube, Blogger e Infobae.com, entre otros. Allí figuraban tutoriales que enseñaban a destrabar el sistema de seguridad que inhabilita las máquinas si han estado fuera de la escuela por un plazo prolongado.

"Es una decisión torpe, que da cuenta de uno de los problemas que tenemos en Argentina: una falta grande de entendimiento de la Red por parte de los operadores judiciales encargados de aplicar la ley", cuestiona Busaniche.

Si bien la medida está basada en el debido proceso, Busaniche considera que es simplemente "inaplicable", dado que existen miles de páginas que enseñan lo mismo. Además, aún no está claro que divulgar ese tipo de información en la Red sea efectivamente un delito.

Pallero, a su turno, sugiere que la solución en estos casos debería orientarse a mejorar el sistema de las notebooks antes que a bloquear ciertas páginas web. "No considero que estas sean amenazas a la libertad de expresión. No es más que el Estado intentando encauzar el uso de las computadoras entregadas, mediante un recurso poco eficaz", afirma.

● Nombres de dominio: Con "Cristina", no

Sin garantías de neutralidad. Julián Assange, creador del sitio WikiLeaks, fue declarado terrorista digital por la publicación de cables diplomáticos reservados y se encuentra actualmente asilado en Ecuador.

Cuando su sitio sufrió ataques de denegación, resolvió trasladar los servidores a la firma privada Amazon, que ofrece uno de los servicios de alojamiento de páginas web más seguros del mundo. No duró mucho allí; por presiones del gobierno de Estados Unidos, Amazon expulsó al sitio de su servicio. Las empresas PayPal, Visa y Mastercard, que canalizaban las donaciones de los usuarios hacia el sitio, también cortaron relaciones comerciales con WikiLeaks. No hizo falta siquiera una orden judicial.

Ello demuestra que en la Red, de forma creciente, el discurso político y la información controvertida dependen en gran medida de intermediarios privados. Muchas veces, como ocurrió en el caso de WikiLeaks, la decisión sobre el bloqueo de contenidos queda en manos de ejecutivos sin obligación legal de justificar sus decisiones.

"Es un poder sin control del público que puede ser manipulado por el poder del gobierno", advierte Rebecca MacKinnon, autora de No sin nuestro conocimiento, un libro de 2012 que documenta y denuncia los intentos por controlar Internet.

¿Cómo proteger el flujo de información que circula en la Red? En Argentina, las soluciones legislativas se hacen esperar. Los últimos proyectos de ley ingresados parecen ir en la dirección equivocada (ver Los últimos proyectos de regulación).

Otros países han avanzado ya en legislaciones que apuntan a garantizar la neutralidad de la Red, lo cual supone dar a todos los datos que circulan por la Red un tratamiento igual, independientemente de su contenido u origen.

De esta forma, se garantiza a los usuarios el ejercicio de su derecho al libre acceso a la información y que ningún gobierno pueda bloquear el tráfico de datos.

Chile se convirtió en el primer país en consagrar por ley la neutralidad de la Red, imponiendo a los proveedores la obligación de asegurar el acceso a todo tipo de contenidos, servicios o aplicaciones disponibles.

"En Argentina, la neutralidad de la Red no está garantizada en el marco legislativo y las empresas de telecomunicaciones son ciertamente un actor muy poderoso en la estructura del negocio de la conectividad a Internet en Argentina. En este sentido, sería deseable tener una norma que asegure la neutralidad para sopesar esta amenaza", señala Busaniche.

Sólo la provincia de San Luis tiene una ley en ese sentido, aprobada en agosto de 2011.

WCIT: La posición argentina en Dubai

Con nuestro consentimiento. Los ciudadanos tenemos un rol clave para que la gobernanza de la Red no sea una puja entre privados y estados, y para que todas las decisiones que afecten la libertad sean tomadas con el consentimiento informado de los usuarios.

"Sólo una amplia participación ciudadana en todos los procesos nos ayudará a mantener Internet libre", dice Busaniche. Cuando se discutió el canon digital en Argentina, o durante los debates por las leyes Sopa y Pipa en Estados Unidos, la resistencia de los usuarios resultó fundamental para detener iniciativas potencialmente dañinas.

Internet, que acaba de cumplir 30 años, no es propiedad de un gobierno o de un país determinado. Tampoco es de las empresas que contribuyen a su funcionamiento. Ni de los buscadores, a pesar de la centralidad que ocupan para organizar el contenido. La Red es de los usuarios que, para mantenerla libre y abierta, necesitarán estar informados, atentos y dispuestos a actuar.

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Fuente: La Voz

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