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Corrupción

La tragedia de Once, ¿se corta por el hilo más delgado?

Viernes 08 de junio de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial I

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Desde que sucedió la terrible tragedia en la estación Once del ferrocarril Sarmiento, en la que murieron 51 personas y más de 500 resultaron heridas, el 22 de febrero pasado, pocos han sido los avances concretos con vistas a determinar la responsabilidad sobre tamaño desastre.

Tras poco más de tres meses del choque de la formación contra uno de los andenes de esa terminal ferroviaria, casi todos los que deben enfrentar a la Justicia apuntan al maquinista Marcos Córdoba. De él se han dicho muchas cosas, y lo peor de todo es que ninguna ha sido debidamente probada hasta hoy.

Se lo ha acusado de haberse descompensado, de haber tenido un ataque de epilepsia, de no haber descansado lo suficiente antes de tomar servicio y hasta de encontrarse ebrio, lo que le habría producido un "sueño blanco", como quien navega en una resaca tras un consumo excesivo de alcohol.

Un integrante del Cuerpo Médico Forense convocado por la Justicia realizó un electroencefalograma al maquinista, que dio un resultado normal, con una actividad epileptiforme. Por ello, hay quienes infieren que Córdoba tuvo un episodio de epilepsia al momento de conducir el tren. Sin embargo, otros especialistas contradicen ese hallazgo por considerar que es insuficiente para diagnosticar la enfermedad. La Justicia, en consecuencia, está pidiendo la realización de prácticas médicas más profundas.

No obstante esa momentánea indefinición, la posibilidad de que el maquinista tuviera epilepsia fue aprovechada, entre otros, por Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte cuando ocurrió la tragedia, para defenderse diciendo que un posible ataque epiléptico de Córdoba le impidió frenar el tren que, a su juicio, también iba más rápido de lo que debía.

Paralelamente, en su defensa judicial Schiavi, sucesor de Ricardo Jaime en Transporte cuando este último renunció en medio de sospechas de corrupción, expresó que los subsidios recibidos por TBA fueron justos y que no era su función garantizar ni la calidad ni la seguridad del servicio.

En una nueva estrategia de defensa, TBA, empresa concesionaria del ferrocarril Sarmiento hasta que le quitaron ese convenio, afirmó que el maquinista chocó la formación porque no pudo frenar debido a que había bebido alcohol, según surgiría de un sumario administrativo interno de esa firma.

Curiosamente, dos peritajes incorporados a la causa determinaron que el nivel de alcohol en la sangre de Córdoba, medido dos horas después del accidente, dio cero miligramos. Es decir, no había bebido.

Casi con una visión futurista, a minutos de la tragedia, quien primero se había referido a la "impericia" del motorman para poder frenar el tren fue Roque Cirigliano, director de material rodante de TBA. Justificó su impresión en "la falta de aplicación del conductor a alguno de los sistemas de freno".

Ayer, el maquinista declaró ante el juez. Dijo que no es epiléptico y que estaba sobrio al momento del choque y hasta le llevó una válvula de frenado para explicarle que el día de la tragedia el compresor no tenía aire, por lo que era imposible parar el tren.

Más allá de lo que determinen los estudios médicos definitivos a Córdoba, hay un hecho insoslayable que habla a las claras de la responsabilidad de TBA y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). ¿Puede dársele a un hombre supuestamente epiléptico la responsabilidad de conducir un tren? ¿Realiza la CNRT controles de alcoholemia ferroviarios como los hace en la estación de ómnibus de Retiro? Si el maquinista es finalmente culpable, eso no eximirá a sus superiores o controladores de lo que debieron hacer y hasta impedir.

Para los familiares de los 51 muertos, Córdoba es apenas el hilo más delgado de una trama de desatinos políticos y empresariales. Resulta difícil comprender que los trenes, y en este caso los de TBA, circulen en el deplorable estado en que lo hacen habiendo recibido subsidios millonarios de parte del Estado.

Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cipecc), la baja inversión en el sector contribuyó a una paulatina degradación de la infraestructura del sistema.

En ese sentido, cortar el hilo por lo más delgado, es decir, por el maquinista, es atenerse a un reduccionismo deleznable.

Como se dijo, con tres meses de retraso, el gobierno nacional, al que la Justicia le rechazó ser parte en el expediente que sin dudas lo tiene como protagonista, decidió quitarle la concesión a TBA.

Poco después, en un abrupto giro de la causa, el juez federal Claudio Bonadio ordenó la detención de Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans, principal accionista de TBA; de Carlo Michele Ferrari, titular de TBA, y del gerente de Operaciones y del ex director de Finanzas de esa firma, Sergio Tempone y Daniel Rubio, respectivamente, todos acusados de haber escondido documentación contable para saber en qué se gastaron los subsidios.

En otro orden, Bonadio decomisó dos camionetas cargadas de documentos de TBA, que estaban siendo sacadas de una planta ligada a la empresa ferroviaria, en San Martín, en lo que se sospecha que fue un intento de destruir evidencias.

Son muchas irregularidades como para pensar que un solo hombre, enfermo o no, sea el único responsable de un desastre que volvió a repetirse el martes, cuando dos jóvenes murieron carbonizadas en su auto al intentar cruzar una barrera del Sarmiento en Ciudadela que, según testigos, no funcionaba.

Es de esperar que la Justicia llegue al fondo de lo sucedido, que se halle a los culpables y que reciban el castigo que merecen, no sólo por las víctimas de la tragedia, sino para que nunca más se repita un hecho que de accidente parece no haber tenido nada.

 

Fuente: La Nacion

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