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Corrupción

La mano se puso dura

El primer gobierno del Frente Amplio vio crecer la delincuencia y, con ello, las críticas y el descontento social; el segundo aplicó mano dura y ahora paga el precio con vidas

Nicolás Delgado @nicodelgado13 - 10.11.2013, 05:00 hs

"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás”, repetía Ernesto Che Guevara. La Policía uruguaya se endureció en los últimos años y en ese proceso perdió mucho más que ternura: perdió cordura. En el último mes, cuatro personas murieron asesinadas por policías.

Una de las primeras leyes que aprobó el Frente Amplio cuando llegó al gobierno fue la ley de Humanización Carcelaria, que implicaba, entre otros aspectos, la liberación de presos. “La grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito nos determina declarar, a partir del día de hoy, el estado de emergencia humanitaria en todo el país”, dijo Tabaré Vázquez el 1º de marzo de 2005, minutos después de colgarse la banda presidencial.

En las cárceles se respiraba hacinamiento. Por eso, descongestionarlas era una urgencia. Pero la delincuencia no menguó. Al contrario, aumentó.

El primero en renunciar fue el ministro del Interior, Jorge Díaz, que dejó su cargo el 1º de marzo de 2007. Su lugar fue ocupado por Daisy Tourné, que duró poco más de dos años. Tras polémicas declaraciones, Tourné renunció en junio de 2009 para regresar a la Cámara de Representantes. Jorge Bruni ocupó el cargo por algunos meses, hasta que Vázquez le pasó la banda presidencial a José Mujica.

El 1º de marzo de 2010, todas las encuestas revelaban que el tema de mayor preocupación para la población era la inseguridad. La imagen de la Policía estaba debilitada y la oposición, con el colorado Pedro Bordaberry a la vanguardia, castigaba al oficialismo cada vez que un menor cometía un homicidio.

Hoy no solo la oposición critica la gestión del Ministerio del Interior durante la presidencia de Vázquez, sino que muchas críticas llegan desde el oficialismo. “Se perdieron cinco años en hacer una adecuada política de seguridad pública durante nuestro primer gobierno porque quedamos presos de atavismos y enfoques unidireccionales. Afortunadamente se cambió la pisada y se dio un viraje radical”, dijo el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, al semanario Búsqueda.

Para recuperar esos cinco años perdidos, Mujica nombró como ministro del Interior a uno de sus hombres de mayor confianza, su excompañero de guerrilla en el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T), Eduardo Bonomi.

Bonomi piloteó el Ministerio del Interior asesorado por expertos internacionales y acechado por la oposición que pidió su renuncia tras cada homicidio protagonizado por un menor. Así, hasta que, el 12 de abril de 2012, una cámara de seguridad registró cómo un adolescente de 17 años le disparó a un planchero del restaurante La Pasiva.

Las manifestaciones que pedían mano dura contra la delincuencia se realizaban hasta entonces en los barrios del este de Montevideo, donde los partidos fundacionales concentran la mayor parte de su electorado capitalino. Pero el homicidio de La Pasiva y su repetición 102 veces en los canales de televisión abierta tan solo en una semana cambiaron el escenario.


“Bonomi, inepto, vos sos culpable de esto”, gritaba al mes siguiente un grupo de manifestantes en la puerta de la Torre Ejecutiva. En esa manifestación participaron por primera vez legisladores del Frente Amplio, entre ellos, la esposa de Bonomi, Susana Pereyra. El oficialismo quería demostrar, según expresaron algunos de los diputados presentes, que el Frente Amplio estaba “junto a la gente”.

Pero la demostración no bastaba. El ministro decidió entonces “cambiar la pisada” y “dar un viraje radical”. Un mes más tarde, el 21 de junio de 2012, presentó la Estrategia por la vida y la convivencia, un paquete de medidas que proponía, además de la célebre regulación del mercado de marihuana, el agravamiento de las penas en casos de corrupción policial y tráfico de pasta base y el aumento de las penas mínimas en los delitos cometidos por adolescentes.

Además, en el marco de esa estrategia, el gobierno propuso planes sociales para atacar de raíz las causas de la delincuencia. “La izquierda entró en algún momento en la discusión: ‘A las políticas de mano dura hay que oponerles medidas sociales’. No, hay que hacer las dos cosas”, dijo el ministro a El Observador en setiembre de 2012.

A veces, como en el caso citado, el ministro hablaba de “mano dura”; otras veces, prefería hablar de “mano justa”. Más allá de la terminología empleada, el plan estaba en marcha: había que endurecer la respuesta policial.

Un mes más tarde, la “mano dura” cobró su primera vida. El 14 de octubre de 2012, Álvaro Nicolás Sosa falleció en el barrio Marconi producto del disparo de un policía. La bala recorrió una cuadra antes de matar al joven de 25 años. A pesar de que el agente que disparó besaba las municiones y gritaba “los voy a matar a todos”, la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, entendió que “la actitud que tomaron los policías era lo exigible para ese momento”, y solicitó archivar el caso. Al juez Homero Da Costa no le quedó alternativa y debió archivarlo, pero, en el auto de procesamiento, criticó a la fiscal y expresó que si bien el policía “está facultado para usar su arma de reglamento, no significa en modo alguno que tenga licencia para matar o un pasaporte para actuar con impunidad”. Desde entonces, la palabra “impunidad” comenzó a escucharse cada vez más junto a “abuso policial” y “muerte”.

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El plan de Bonomi implicó dos proyectos más: reestructurar la Jefatura de Montevideo para combatir la “feudalización” de los barrios y la corrupción policial, y el empoderamiento de la Guardia Republicana, brazo militarizado de la Policía, que pasó a tener jurisdicción nacional (antes actuaba solo en Montevideo).

“Cada día se hace más necesaria la presencia de la Guardia en la calle, donde la gente sufre los problemas de seguridad y violencia”, dijo Bonomi en marzo de 2013, cuando anunció que el nuevo objetivo de la Guardia Republicana era “ganar la calle”. El ministro impulsó “una presencia cada vez más fuerte en los puntos sensibles, los puntos calientes que se identifican mediante el análisis de la actividad criminal”. El jerarca definió ese día a la Guardia Republicana como “un cuerpo de policía militarizada, pero no una unidad militar”.

“Hoy nuestra sociedad vive un gran problema de seguridad”, reconoció Bonomi. En ese marco, “esta es una unidad especial de la cual la ciudadanía y las autoridades esperamos mucho”, agregó.

Además de patrullar los puntos calientes, la Republicana comenzó a realizar controles en las puertas de ingreso a las cárceles, para evitar que policías entraran armas y drogas a los penales. Según Bonomi, esa actuación ha sido ejemplar.

Pero el martes pasado, un agente de la Guardia Republicana que participaba de un operativo de persecución a dos rapiñeros en el barrio Santa Catalina, le disparó a Sergio Lemos, un joven trabajador del barrio que pasaba con su moto frente al almacén robado, y lo mató.

Al día siguiente, Bonomi expresó que la versión policial que manejaba aseguraba que el joven había disparado antes. Pero al otro día se retractó. Dijo que Lemos estaba desarmado y que policías plantaron el arma en la escena del crimen. Sin embargo, consultada sobre este tema, la jueza del caso, María Elena Mainard, que procesó con prisión al policía por el homicidio, dijo que “esa es una afirmación del ministro Bonomi”. Y agregó: “A mí no me surge ni que la hayan plantado ni que no la hayan plantado”.

Las voces que llegaban principalmente desde el este pidiendo “mano dura” ya no se escuchan. Ese silencio fue ocupado por la voz de grupos radicales, como Plenaria Memoria y Justicia, que ha denunciado varios casos de abuso policial. Vecinos de Santa Catalina también denunciaron en setiembre un caso de abuso policial. Bonomi, finalmente, les dio la razón.

“Creo que el ministro Bonomi es también partícipe de la creación de un clima que tiene que ver con la impunidad y con un crecimiento de la violencia policial”, dijo Jorge Zabalza, su excompañero del MLN-T y vecino de Santa Catalina a radio Sarandí, tras el homicidio de Lemos.

Además de Lemos, otros tres hombres fueron asesinados por policías en el último mes: dos presos en el Comcar, que no tenían armas de fuego, y un delincuente, que también estaba desarmado y huía en una persecución.

El comisionado parlamentario para cárceles Álvaro Garcé advierte, como Zabalza, un clima de impunidad y un crecimiento de la violencia policial. En su último informe, Garcé expresó: “La cultura de la impunidad es incompatible con el estado dederecho: si matar es lícito, entonces, de allí para abajo, todo vale”.

 

Paternain señala un retroceso ideológico

Las críticas a la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que antes llegaban de los sectores más conservadores de los partidos fundacionales, comenzaron a llegar de filas frenteamplistas. Rafael Paternain, exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior durante el gobierno de Vázquez y actual asesor del Partido Socialista en temas de seguridad, considera que durante el mandato de Bonomi hubo “retrocesos ideológicos en la Policía”, informó Búsqueda. Esto lo expresó en el libro Ya no podemos vivir así. Ensayos sobre la inseguridad en Uruguay, que el autor presentará este martes en la sede del Frente Amplio junto al diputado socialista Julio Bango, la precandidata presidencial Constanza Moreira y el sociólogo Luis Eduardo Morás.

 

Fuente: El Observador

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